Ante los reiterados impagos por parte de España, los acreedores han identificado más de 400 activos españoles en el extranjero, incluidos bienes inmuebles y activos financieros que pueden ser objeto de órdenes de embargo como forma de compensar a los afectados y revertir la situación que están sufriendo.
La incautación y los embargos de bienes y activos puede ejecutarse en cualquiera de los 158 países miembros que firmaron el Convenio del CIADI. Hasta el momento, las acciones adoptadas en Reino Unido han avanzado más rápidamente y han resultado en las siguientes medidas:
- En febrero de 2023, la justicia británica autorizó la incautación de la indemnización reconocida a España por la catástrofe del barco Prestige, un activo financiero valorado en más de 925 millones de euros. Si dicho proceso se zanja finalmente a favor de España, dicho pago será intervenido y transferido a los afectados, como medida de compensación por los impagos.
- El Tribunal Supremo de Londres decretó en abril de 2023 tres órdenes provisionales de pago que, en caso de no ser atendidas, otorgarán a los afectados la posibilidad de embargar la sede del Instituto Cervantes y la sede de la Agencia para la Competitividad de la Empresa de la Generalidad de Cataluña (ACCIÓ), dos propiedades ubicadas en Londres.
- En agosto, los tribunales del Reino Unido emitieron una orden provisional que abre la puerta al embargo de una propiedad histórica empleada por el gobierno de España como sede de la Escuela Internacional Vicente Cañada y como centro de exámenes de la UNED. Se trata de una escuela internacional que ha estado ubicada en un antiguo convento dominico desde hace décadas.
- En noviembre de 2023, el Tribunal Supremo de Londres avaló el congelamiento de cuatro cuentas bancarias controladas por distintos organismos públicos españoles, cuyo saldo ronda el millón de euros.
Asimismo, el Tribunal Supremo de Australia ha reconocido plenamente las deudas contraídas por España con los denunciantes, abriendo la puerta al embargo de bienes por un monto de 120 millones de euros. Esto puede traducirse en la confiscación de bienes y activos como la filial de Navantia en el país oceánico.
En paralelo, hay alrededor de una decena de procedimientos en marcha ante la justicia estadounidense y próximamente se pueden abrir litigios similares en otras jurisdicciones.