Ante los reiterados impagos por parte de España, los acreedores han identificado más de 400 activos españoles en el extranjero, incluidos bienes inmuebles y activos financieros que pueden ser objeto de órdenes de embargo como forma de compensar a los afectados y revertir la situación que están sufriendo. Estas propiedades tienen un valor agregado de 5.000 millones de euros. 

La incautación y los embargos de bienes y activos puede ejecutarse a través de acciones legales iniciadas en cualquiera de los 158 países miembros que firmaron el Convenio del CIADI. De momento, las empresas afectadas han conseguido sentencias favorables en Australia, Bélgica, Estados Unidos y Reino Unido. 

A continuación, se detalla un listado de las medidas autorizadas por distintos tribunales internacionales: 

• Derecho de cobro de la indemnización por la catástrofe del Prestige.En febrero de 2023, el Tribunal Supremo de Inglaterra y Gales dio visto bueno a la intervención cautelar del derecho de cobro de la indemnización que España espera recibir por el hundimiento del barco petrolero Prestige. Dicho pago está valorado en más de 900 millones de euros.

• Sede del Instituto Cervantes en Londres. En abril de 2023, la Alta Corte de las islas británicas autorizó asimismo el embargo cautelar de la propiedad del edificio que sirve como sede del Instituto Cervantes en Londres. El inmueble está ubicado en los números 15-19 de la ronda Devereux, en pleno centro de Londres. Expertos inmobiliarios asignan a la propiedad un valor de mercado de 5-10 millones de euros.

• Sede de promoción exterior de la Generalidad de Cataluña (ACCIÓ).  También en abril de 2023, el Supremo británico movió ficha contra otra propiedad inmobiliaria, que en este caso se sitúa en el número 17 de la calle Fleet Street, en el corazón de la capital de las islas. Expertos inmobiliarios asignan a la propiedad un valor de mercado de 3-5 millones de euros.

• Sede de la Escuela Internacional Vicente Cañadas. En agosto de 2023, los acreedores golpeados por los impagos del gobierno español lograron que la justicia británica autorice la incautación de la sede londinense del Instituto Español Vicente Cañada Blanch. El inmueble ocupa los números 317 y 318 de la calle Portobello Road de Londres. Dentro de la propiedad también hay algunas oficinas de la UNED y ciertas aulas de examinación del Instituto Cervantes. Expertos inmobiliarios asignan a la propiedad un valor de mercado de 10-15 millones de euros.

• Cuatro cuentas bancarias. En noviembre de 2023, la magistratura londinense dio el visto bueno al embargo de cuatro cuentas de banco del Reino de España. Los fondos depositados en las mismas rondan los 800.000 euros y están bajo custodia de la filial británica del Banco Santander.

• Pagos de Eurocontrol a Enaire. En primavera de 2024, los acreedores reclamaron a la justicia belga que procediese a confiscar los pagos mensuales del operador europeo de control aéreo, Eurocontrol, a la empresa pública española dedicada a dicha tarea, Enaire. En un primer momento, la reclamación formulada se cifró en 32 millones, quedando vinculada a la deuda del caso Infrared. Sin embargo, una vez la justicia belga intervino los pagos de Eurocontrol a Enaire, trascendió que el monto embargado, correspondiente al servicio realizado en junio de 2024, se sitúa por encima de los 80 millones. Esta cantidad ha sido consignada por España en una cuenta bancaria. Los pagos de Eurocontrol a Enaire rozan los 600 millones anuales.

• Participación de AENA en Luton. En julio de 2024, la justicia británica dio su visto bueno al embargo del derecho de usufructo que AENA ostenta sobre el 51% del aeropuerto de Luton, si bien la magistratura de las islas rebajó la confiscación al 26% puesto que solamente el 51% de AENA está en manos del Estado español, mientras que el 49% restante está cotizado en bolsa y, por lo tanto, es de titularidad privada. La cifra de beneficio anual del aeródromo ronda los 100 millones de euros, de modo que el golpe propiciado por esta medida se situaría en el entorno de los 25 millones anuales. Los acreedores pactaron con España la retirada de esta medida de incautación, con ánimo de seguir negociando de cara a una salida. 

• Default técnico de 237 millones de deuda pública. Las empresas afectadas intervinieron en abril de 2023 cuatro bonos de deuda soberana e invocaron una cláusula que permite declarar un default técnico cuando un país desatiende sus compromisos de pago. El flujo de pagos pendientes en dichos cupones ronda los 1.000 millones de euros. Tras un periodo de espera de un año en el cual el Reino de España se negó a cumplir con sus obligaciones e incluso dejó de responder a los acreedores, el procedimiento echó a andar en Reino Unido, donde entre julio y agosto de 2024 se cursaron las distintas notificaciones pro-judiciales que permitirán llevar este asunto ante los tribunales. Se estima que el daño a la economía española provocado por este proceso supera los 7.340 millones de euros, en concepto de encarecimiento de la financiación del Tesoro y deterioro del acceso a crédito del conjunto de la economía española.

Además de todo lo anterior, el Tribunal Supremo de Australia ha reconocido plenamente las deudas contraídas por España con los denunciantes, abriendo la puerta al embargo de bienes. A lo largo de 2024, la magistratura del país oceánico ha autorizado las órdenes de examinación que permitirán identificar activos de España en suelo australiano. 

Por otro lado, la justicia de Estados Unidos emitió un fallo en otoño de 2024 que reconoce a España como país deudor. Esta decisión judicial obliga a los tribunales norteamericanos a tratar las condenas de arbitraje como una sentencia emitida por los propios tribunales de Estados Unidos, abriendo la puerta a nuevas medidas de embargo.