Diversos organismos como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial, y la Sala de Arbitraje de la Corte de la Haya, han tramitado en los últimos años más de 50 casos relacionados con la retirada retroactiva de las primas ofrecidas por España a los inversores en energía renovable. Tales modificaciones generaron importantes pérdidas y desencadenaron largos procedimientos que han empezado a concluir recientemente, con la publicación de una treintena de sentencias firmes, la inmensa mayoría de ellas en contra de España y a favor de los denunciantes.
En un momento, España fue considerada líder mundial en la promoción de energías renovables, especialmente en el ámbito de la energía solar y eólica. A mediados de la década de 2000, el gobierno español introdujo distintos incentivos para atraer inversión en el sector, lo que llevó a una expansión significativa de la industria solar. Más de 66.000 familias españolas invirtieron sus ahorros en dicha campaña. Asimismo, empresas e inversores internacionales inyectaron hasta 70.000 millones de dólares al calor de estos incentivos, lo que permitió que España alcanzara en 2010 el objetivo de la Unión Europea de cubrir el 20% de su consumo de energía con fuentes renovables. Este hito fue logrado mucho antes que cualquier otro país europeo.
Como parte de las medidas de austeridad económica adoptadas tras el estallido de la Gran Recesión, España introdujo una serie de cambios regulatorios que afectaron severamente a los inversores en energía solar, al alterar las condiciones de manera retroactiva. El gobierno español redujo las retribuciones de las renovables, introdujo nuevos impuestos específicos sobre el sector y fijó topes a estas compensaciones. Las empresas e inversores afectados percibieron que estos cambios constituyeron una flagrante violación de la seguridad jurídica.
En virtud a los derechos y garantías que brindan diversos tratados internacionales de inversión suscritos por España, caso del Tratado de la Carta de la Energía (TCE), el Convenio del CIADI o diversos acuerdos bilaterales de inversión, los empresarios e inversores afectados presentaron más de 50 denuncias, convirtiendo a España en el país con mayor número de litigios internacionales en su contra.
Los tratados invocados por los denunciantes incluyen disposiciones que protegen los derechos y las inversiones de los inversores extranjeros y les proporcionan mecanismos para obtener indemnizaciones y compensaciones si así lo consideran los tribunales competentes. Los afectados sostienen que el carácter retroactivo de los cambios fiscales y normativos y sus severas consecuencias financieras violaron las garantías de seguridad jurídica que se recogen en los tratados invocados.
La Abogacía del Estado España ha intentado, sin éxito, a través de numerosos recursos, que estos casos se anulen. Incluso ha presionado a la Comisión Europea para que declare el eventual pago de indemnizaciones como una forma de “ayuda de Estado”.
Hasta la fecha, se han concluido 33 de los 50 casos y España ha perdido 26 de ellos. En total, los inversores reclamaron alrededor de 10.000 millones de dólares, pero algunos procesos han terminado en desistimientos y otros se han resuelto con el reconocimiento de cantidades inferiores a las planteadas en las denuncias, de modo que la cifra de obligaciones se situó en marzo de 2024 en el entorno de los 1.700 millones de dólares. Se espera que, una vez se resuelvan todos los casos, el monto final sea de aproximadamente 2.500 millones de dólares. La cifra se incrementará si no se acomete el pago de las indemnizaciones, debido a los intereses de demora.
Dado que España se ha negado a resolver cualquier reclamación y sigue manteniendo los laudos en una situación de impago, los inversores han comenzado a reclamar medidas punitivas contra el Reino a través de procedimientos legales en terceros países, caso de Gran Bretaña, Australia o Estados Unidos. Entre estas acciones se incluye el embargo de bienes inmobiliarios, un procedimiento de default técnico que afecta a cuatro bonos de deuda soberana, la congelación de cuatro cuentas bancarias y la intervención de derechos financieros valorados en cientos de millones de dólares.