Los tenedores de bonos soberanos de deuda española han notificado al gobierno que está en situación de default técnico debido a que no ha saldado las deudas vinculadas a las sentencias internacionales por la retirada retroactiva de las primas concedidas a las energías renovables.
El primer procedimiento en marcha abarca cuatro bonos de deuda negociados por España y se centra en uno de estos títulos, valorado en algo más de 250 millones de dólares. El plazo de pago a los tenedores vence en 2029, pero el procedimiento de default técnico acelerará dicho flujo de caja, en caso de que España prosiga con los impagos, generando nuevos problemas de financiación para el Tesoro.
Los afectados sostienen que los impagos por parte de España han activado disposiciones de incumplimiento cruzado que vienen recogidas en el contrato de los bonos de deuda, lo que significa que el país está en una situación de impago. Esto también ha tenido el efecto de elevar significativamente el coste de financiación de la deuda española, con un impacto de 4.943 millones para el periodo 2023-2024. Asimismo, el encarecimiento de los bonos afecta negativamente al PIB, reduciéndolo en 7.340 millones en el bienio 2023-2024. Estas cifras se pueden consultar con más detalle en este informe detallado de las consecuencias económicas del default técnico.
Cláusula de Incumplimiento Cruzado
Cuando España emitió los bonos en 1999, lo hizo bajo un marco legal que establecía claramente que cualquier situación de impago por parte del país emisor desencadenaría la cláusula de incumplimiento cruzado. Este precepto está recogido en los cuatro bonos que están en el radar de los inversores. Además del primer título sobre el que ya se invocó el default técnico, hay otros tres bonos más que están denominados en euros, dólares, libras esterlinas y yenes y que acumulan un valor de más de 817 millones de dólares. Esto significa que España podría enfrentar solicitudes de redención anticipada por un monto de más de 1.000 millones de dólares.
Los afectados han enviado al custodio de la deuda las correspondientes notificaciones que detallan el evento de incumplimiento por parte de España. A través de correspondencia oficial, el gobierno reconoció la recepción de estos documentos y declaró que responderá próximamente. En paralelo, el Ejecutivo ha contratado a un bufete de abogados y consultores para gestionar este procedimiento, añadiendo así más costes asociados a la estrategia de impagos, que ha generado más de 71 millones de gastos adicionales solamente con la incorporación de bufetes y despachos especializados.
La estructura de estos bonos, custodiados por un agente fiscal en vez de un fideicomiso, permite que cualquier tenedor de los mismos emita un aviso y certifique un incumplimiento técnico (el modelo de fideicomiso exige que el 25% de los tenedores soliciten que se declare el default).
Como ya se ha indicado, este proceso tiene serias implicaciones, como la posible rebaja de la calificación crediticia de España, el creciente coste de las operaciones de endeudamiento del Tesoro y el apreciable repunte de los tipos de interés a los que se financian las familias y empresas debido a la mayor percepción de riesgo asociada a España.