[documento de trabajo]
La siguiente tabla recoge un total de 36 procedimientos de arbitraje internacional iniciados por empresas españolas a través del Banco Mundial y del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Todos los casos presentados cuentan ya con una sentencia final por parte de dichos tribunales.
Invocando varios tratados y convenciones multilaterales, las empresas citadas recurrieron al tribunal competente Banco Mundial para defender sus derechos y protegerse contra todo tipo de situaciones de inseguridad jurídica, incumplimientos legales y arbitrariedad institucional.
Por ejemplo, la demanda presentada por Abertis contra la República Argentina se refiere a una decisión gubernamental de 2003 que congeló los peajes en dos autopistas operadas bajo concesión por diferentes empresas participadas por la cotizada española. La reclamación presentada ascendió a 1.200 millones de euros. El proceso llegó a su fin tras un acuerdo firmado por Abertis con el gobierno argentino, mediante el cual el contrato fue reequilibrado con una extensión de plazos y el pago de 800 millones de euros.
Como se puede ver, las reclamaciones presentadas están vinculadas a grandes compañías como BBVA, Repsol o Telefónica, aunque también hay otros casos más modestos como, por ejemplo, los referidos a algunos inversores individuales. Por país, el mayor número de reclamaciones fueron presentadas contra Argentina.
Al mismo tiempo, en la actualidad hay al menos 17 reclamaciones presentadas por empresas españolas que están siendo tramitadas por el CIADI. Todos estos casos, que aún están en curso, se desglosan en la siguiente tabla:
Nuevamente, la lista incluye a grandes compañías como Enagás o Sacyr, así como a inversores particulares. En esta lista, Venezuela destaca como el país con el mayor número de procedimientos pendientes de resolución. Como ejemplo, podemos citar una vez más el caso de Abertis en Argentina, ya que la concesionaria presentó una nueva denuncia contra el país del Cono Sur a raíz de una modificación de la compensación acordada en el litigio anterior, más específicamente la alteración del nuevo calendario de explotación otorgado a sus autopistas.
Las denuncias presentadas se concentran en mercados en vías de desarrollo y emergentes, caracterizados por tanto por una mayor incertidumbre legal, un mayor grado de inestabilidad política e institucional y un contexto más general de inseguridad jurídica, de ahí que España deba abandonar cuanto antes el club de países incumplidores.
Sumando los procedimientos que ya han concluido y los litigios que aún están en curso, Argentina y Venezuela serían las dos economías que han sufrido un mayor número de denuncias por parte de empresas españolas, con 11 y 8 procedimientos en el CIADI, respectivamente.
Implicaciones para España
Desde el punto de vista de las empresas demandantes, la existencia de tribunales como el CIADI es una garantía de seguridad jurídica que protege sus inversiones en el extranjero, especialmente en aquellos casos en los que se llevan a cabo negocios en economías donde la falta de estabilidad institucional es un problema recurrente. El citado mencionado de Abertis es ilustrativo, ya que ha tenido que acudir dos veces al tribunal del Banco Mundial en relación con el mismo proyecto de inversión.
La mayoría de estos procedimientos han concluido con acuerdos que han detenido el avance de los mismos o con convenios entre ambas partes que buscan cumplir con los premios emitidos por el CIADI, ya sea mediante el pago de la compensación decretada o combinando este tipo de compensación con algún otro derecho económico que pueda ser de interés. Nuevamente, el caso de Abertis es ilustrativo: la empresa solicitó 1.200 millones de dólares pero finalmente recibió 800 millones, además de la extensión de los tiempos de operación de sus concesiones de autopistas.
Como es sabido, España se ha convertido en el país que acumula un mayor número de reclamaciones internacionales ante organizaciones como el CIADI. Todo esto está ocurriendo como resultado de la retirada retroactiva de primas a las energías renovables. Invocando el Tratado de la Carta de la Energía, más de 50 empresas, inversores e individuos han presentado sus respectivas reclamaciones contra España. Aunque ya se han emitido más de 25 condenas que imponen a España el pago de indemnizaciones por valor de 1.700 millones de euros, pese a lo cual el gobierno se ha negado a compensar a los afectados, situando al país en un escenario de incumplimiento solo comparable al de países como Rusia o Venezuela, que han venido perpetrando este tipo de impagos a lo largo de los años.
Es importante comprender que, de la misma manera en que las empresas españolas confían en el arbitraje internacional para salvaguardar sus inversiones en otros países, las compañías que operaban plantas e infraestructuras de energía "verde" en España se han visto obligadas a hacer lo mismo y litigar contra el Reino en busca de una compensación justa por lo sucedido.
Tal situación de incertidumbre legal genera rechazo por parte de los inversores internacionales y dificulta enormemente la atracción y retención capital extranjero, especialmente en sectores como el energético, donde los proyectos requieren una gran certeza legal y compromisos a muy largo plazo. En 2023, la llegada de capital foráneo a España se redujo más de un 75% en el segundo trimestre del año, coincidiendo con el embargo de bienes y activos soberanos por el impago de eestos laudos.
España debe cumplir con sus obligaciones y respetar sus compromisos en virtud del derecho internacional. El embargo de activos soberanos y la declaración de incumplimiento técnico que han surgido de los impagos del gobierno a las empresas afectadas son un desprestigio que España no puede permitirse más, ya que su credibilidad como destino de inversión se está viendo cada vez más socavada y comprometida.