Las empresas afectadas por los impagos han realizado un documento de trabajo en el que estiman el impacto del procedimiento de default técnico iniciado contra España, así como el efecto de la incertidumbre y la inseguridad jurídica que se derivan de los 25 incumplimientos registrados hasta la fecha. El citado documento muestra que, desde la primavera de 2023, las medidas de embargo y el anuncio del proceso de default técnico trajeron consigo un encarecimiento de la financiación del Tesoro que, a su vez, se tradujo en peores condiciones de mercado para el sector privado, como resultado de ese incremento del perfil de riesgo de la economía española. El informe se puede descargar aquí.

En 2024, los afectados pusieron encima de la mesa la propuesta de negociar un acuerdo con el Reino de España basado en el pago de las indemnizaciones a través de bonos verdes o mecanismos similares que permitan una solución satisfactoria para todas las partes, reinvirtiendo de esta manera el capital pendiente de pago de una manera que facilitaría la financiación de la transición energética. Sin embargo, en la medida en que no se ha producido un acuerdo hasta la fecha, cabe anticipar que el daño observado en 2023-2024 se seguirá extendiendo hasta 2025. Partiendo de las estimaciones disponibles, el golpe al Tesoro durante el próximo año sería cercano a los 2.800 millones de euros, mientras que el impacto negativo sobre el PIB rondaría los 4.800 millones. En total, la incertidumbre motivada por los impagos, los embargos y el default técnico supondría ya un empobrecimiento para España cercano a los 20.000 millones.